Nota del diario La Capital – Por el software libre

Próximamente se tratará en la Cámara de Senadores de Santa Fe el proyecto de Ley de Software Libre para la administración pública provincial, que partió del proyecto presentado por el diputado Gerardo Rico (PJ) e integró el desarrollado por Pablo Javkin (CC-ARI).

Sobre el particular, Javkin desgrana algunas particularidades del proyecto. “El espíritu de esta ley –señala el legislador- consiste en la implementación de políticas de incorporación y gestión de software que garantice soberanía, seguridad de datos, desarrollo de la industria local y el libre acceso ciudadano a la información pública ofrecida en formatos digitales”.

¿Su uso es gratis?
“Los programas que usualmente utilizamos para realizar tareas, obtener entretenimiento, etc., son privativos o propietarios. Es decir, debemos adquirir una licencia que nos permite sólo eso, su utilización. Muchas veces, la renovación de la licencia requiere que volvamos a pagar. El software libre, en cambio, puede ser gratuito o pago en primera instancia, pero respeta cuatro libertades del usuario: la de ejecutar el programa, para cualquier propósito; la de estudiar cómo trabaja el programa, y cambiarlo para que haga lo que necesitemos que haga; la de redistribuir copias para que pueda ayudar a otros, y la de mejorar el programa y publicar sus mejoras, y versiones modificadas en general, para que se beneficie toda la comunidad”.

¿Puede marcar algunas diferencias entre lo actual y el software libre?
“Al emplear formatos cerrados en la administración pública se genera una dependencia tecnológica en la que el proveedor está en condiciones de dictar unilateralmente términos, plazos y precios. Además, como las empresas que venden las licencias no permiten analizar cómo funcionan los programas que procesan estos datos, el Estado pierde en parte el control de la seguridad en su procesamiento y administración. Estas empresas licenciatarias son generalmente extranjeras y monopólicas, y la dependencia de las mismas impide que nos aseguremos la autonomía en materia de información, y la posibilidad de construir respuestas locales a las necesidades locales. En este sentido, la adquisición y renovación de licencias para el uso de software privativo implica una gran erogación de recursos públicos que salen del país, sin ningún tipo de beneficio para la economía local. El Estado posee diversas razones, políticas y técnicas para avanzar en la implementación de software libre: independencia tecnológica, seguridad y autonomía en el manejo de la información pública, circulación interna de la inversión y promoción de la investigación y desarrollo de la industria del software a nivel local, con la consiguiente generación de trabajo genuino y producción con alto valor agregado”.

¿Con el libre podrán beneficiarse las economías regionales?
“El software privativo reduce nuestras posibilidades de desarrollo de los emprendimientos informáticos, permitiendo sólo la distribución e instalación. Sabemos que en nuestro país y en la región hay profesionales idóneos capaces de crear, administrar e innovar en las necesidades de nuestra gestión, y tenemos la posibilidad de saltar esa brecha informática que nos relega a meros receptores. Mediante la utilización del software libre la economía regional puede verse ampliamente beneficiada, dado que las licencias libres le otorgan al gobierno el derecho a contratar profesionales locales para generar, modificar y adaptar sus sistemas, con lo cual se fomentará la industria tecnológica provincial y el empleo.

Es en este sentido que debe evitarse que la inversión que el Estado realice en tecnologías de información sea para el pago de derechos de uso a compañías proveedoras del extranjero, sino que por el contrario se destine a la contratación de los servicios de profesionales y empresas de la región, revirtiendo el flujo de recursos del Estado hacia el extranjero y permitiendo que dichos recursos sean distribuidos dentro del mismo”.

¿Hay antecedentes legislativos en esta materia?
“Si bien ya existía en nuestra provincia una legislación que prevé la utilización de software libre en la administración, ésta es incompleta y no ha promovido una efectiva migración. Abrimos el debate mediante estos proyectos, porque creemos que una ley de este tipo no debe ser un accesorio o una declaración de buenas intenciones, sino la apertura de reales políticas públicas que promuevan la incorporación de tecnologías teniendo en cuenta la autonomía, la transparencia y el desarrollo. Es decir, expresión de un Estado provincial que promueve la democratización en el acceso a nuevos lenguajes y herramientas para reducir la brecha digital, impulsora de la sociedad del conocimiento en nuestro país”.

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Texto de: Diario La Capital

Visto en: Linux-OS


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